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Especiales · jueves, 8 de octubre de 2026 · 17 min

Pero… ¿qué podemos esperar realmente de un gobierno con Vox?

Las elecciones generales son el 29 de noviembre y las encuestas apuntan a que el Partido Popular podría necesitar a Vox. Este especial revisa qué medidas de Vox ya ha firmado el PP en cuatro gobiernos autonómicos, cuáles podrían aprobarse con las mayorías que exige cada una y cuáles chocan con la Constitución o con el derecho europeo. Al final, una lectura razonada y el dato que la cambiaría.

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Guion

Un gobierno del Partido Popular con Vox. Es una combinación que las encuestas hacen posible para el 29 de noviembre. La pregunta de este episodio es concreta. Qué medidas de Vox llegarían de verdad a aplicarse, cuáles se quedarían en el discurso, y por qué.

Con lo que se sabe a 8 de octubre de 2026, el método es este. Cada propuesta pasa por dos filtros. Primero, si se puede aplicar con la Constitución, el derecho europeo y las mayorías que exige. Segundo, si el Partido Popular la ha firmado ya o la defiende en un documento propio. Ese segundo filtro importa mucho, porque un gobierno de coalición es un acuerdo entre dos programas, y el socio mayor decide cuánto de cada medida sobrevive.

Primero, la aritmética. Un real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de octubre disolvió las Cortes y convocó elecciones para el domingo 29 de noviembre. La campaña empieza el 13 de noviembre. Las nuevas cámaras se constituirían el 23 de diciembre.

Las encuestas dicen cosas distintas. Data10, para OKDiario, con trabajo de campo el 2 de octubre, mil entrevistas y un margen de error de tres coma uno puntos, da al Partido Popular un treinta y cuatro por ciento y ciento treinta y nueve escaños. A Vox, un dieciocho coma seis por ciento y sesenta y cuatro escaños. Suman doscientos tres. NC Report, para La Razón, publicada el 8 de octubre, da al Partido Popular entre ciento cuarenta y seis y ciento cuarenta y ocho escaños, y a Vox entre sesenta y uno y sesenta y cuatro. La suma sale entre doscientos siete y doscientos doce. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de septiembre, con trabajo de campo del 1 al 4 y cuatro mil cuarenta y dos entrevistas, sitúa al PSOE primero, con un treinta y uno por ciento, al Partido Popular en un veinticinco coma cinco y a Vox en un dieciséis coma seis. Son tres fotos con métodos distintos. Ninguna es el resultado.

Importa porque cada tipo de medida exige una mayoría distinta. Una ley ordinaria se aprueba con mayoría simple. Una ley orgánica, la que desarrolla derechos fundamentales, necesita la mayoría absoluta del Congreso: ciento setenta y seis diputados, según el artículo ochenta y uno de la Constitución. Reformar la Constitución exige tres quintos de cada cámara, es decir, doscientos diez diputados. Y si se toca el núcleo, como los derechos fundamentales o la Corona, el artículo ciento sesenta y ocho pide dos tercios de cada cámara, o sea doscientos treinta y cuatro diputados, disolución de las Cortes y referéndum.

Con la suma de Data10, doscientos tres, el Partido Popular y Vox pasarían de la mayoría absoluta, pero no llegarían a los doscientos diez. En la horquilla de NC Report sí podrían rozarlos. Es una cuenta que depende del escaño número doscientos diez, y ninguna encuesta puede dar ese dato.

Vamos con lo segundo: qué ha firmado ya el Partido Popular con Vox. Este año hay cuatro precedentes.

En Extremadura, tras las elecciones del 21 de diciembre de 2025, el Partido Popular obtuvo veintinueve escaños de sesenta y cinco, con la mayoría en treinta y tres, y Vox once, según los resultados publicados por la prensa. En Aragón, el 8 de febrero, el Partido Popular obtuvo veintiséis escaños y Vox catorce, el doble que antes. En Castilla y León, el 15 de marzo, treinta y tres y catorce, con la mayoría en cuarenta y dos. En Andalucía, el 17 de mayo, el Partido Popular consiguió cincuenta y tres escaños, a dos de la mayoría absoluta, y Vox quince. En las cuatro hubo un acuerdo de gobierno entre los dos partidos.

Los textos de Extremadura, Aragón y Andalucía son públicos. El de Castilla y León, según El Debate, tiene más de trescientas medidas en diecinueve bloques. El de Andalucía, firmado el 2 de julio, tiene ciento cincuenta medidas y compromete a ambos partidos a aprobar los presupuestos de 2027 a 2030. Según el diario Córdoba BN, su vicepresidente, Manuel Gavira, de Vox, lleva las consejerías de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

Una advertencia sobre estos documentos. No son leyes. Son compromisos de legislatura, con plazos, y muchos dicen «en el ámbito de sus competencias» o «con arreglo a la legalidad vigente». Una comunidad autónoma no puede cambiar la ley de extranjería, ni el Código Penal, ni la política exterior. Lo que sirve de ellos es otra cosa: muestran qué está dispuesto a firmar el Partido Popular cuando Vox se lo pide.

Primer bloque: inmigración y la llamada prioridad nacional.

Es el terreno donde más se ha movido el Partido Popular. Los pactos de Extremadura, Aragón y Andalucía contienen la misma fórmula. El acceso a ayudas, subvenciones y vivienda protegida se «inspirará» en la prioridad nacional, entendida como asignación a quien tenga un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Para la vivienda protegida, los textos fijan un mínimo de diez años de empadronamiento histórico para comprar y cinco para alquilar. Y excluyen de las prestaciones sociales estructurales a quienes estén en situación irregular, salvo urgencia vital.

Lo que no dicen importa. No hablan de nacionalidad. Habla de años de arraigo. Esa es la diferencia que el Partido Popular defendió en el Congreso, según la prensa. El 22 de abril, según Vozpópuli, el Partido Popular presentó una enmienda a una moción de Vox sobre prioridad nacional para ajustarla al texto de Extremadura. Vox no la aceptó ni quiso votar por puntos, y la moción se rechazó con el voto en contra de todos los grupos salvo Vox. Según El Independiente, la enmienda del Partido Popular eliminaba cuatro de los ocho puntos, entre ellos la diferenciación en el acceso a la sanidad y la supresión de prestaciones no contributivas. El 18 de junio, según Europa Press, otra moción de Vox, que incluía favorecer la remigración, volvió a rechazarse con todo el hemiciclo en contra.

Hay ya un caso real. Es Valencia. La Ley cinco de 2026, de 31 de julio, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el 10 de agosto, incorpora la prioridad nacional como principio de los servicios sociales y de la renta valenciana de inclusión. Antes, esa renta pedía quince meses de empadronamiento continuado, o cinco años dentro de los diez anteriores, según la Ley dos de 2026. Ahora pide tres años continuados, o diez dentro de los treinta anteriores. Para la vivienda pública, la misma ley incluye entre los criterios de baremación quince años acumulados de empadronamiento en cualquier municipio de España, o el mismo tiempo de los padres.

Pregunta de fondo: ¿esto es legal? Hay dos lecturas con argumentos serios. Quienes lo defienden, entre ellos el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, según El Debate, sostienen que se aplicará respetando el ordenamiento jurídico. Quienes lo critican, entre ellos el Gobierno, según la prensa que recoge sus declaraciones, lo consideran discriminatorio e ilegal. El argumento jurídico más sólido está en dos sitios. La Ley de Extranjería, en su artículo catorce, reconoce a los residentes las prestaciones sociales en las mismas condiciones que a los españoles. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó el 29 de julio de 2024, en una sentencia de su Gran Sala, que Italia no podía exigir diez años de residencia a los residentes de larga duración para una prestación de asistencia social, porque, aunque se exigiera también a los nacionales, perjudicaba sobre todo a los extranjeros. Ese caso era italiano y trataba de una renta mínima, no de vivienda. Pero marca el terreno donde se discutirá. No consta que se haya presentado ningún recurso contra la ley valenciana.

Mi lectura es esta. Pedir un tiempo razonable de arraigo para un bien escaso es defendible. Diez años para comprar, aplicados a un residente de larga duración, podrían chocar con esa doctrina europea. Y hay un límite que ninguna regla de reparto resuelve: la vivienda protegida es escasa, y cambiar quién va primero no crea una sola casa más. Lo que cambiaría esta conclusión es una sentencia del Constitucional o del tribunal europeo sobre una norma española.

Otras medidas migratorias. El plan nacional de inmigración del Partido Popular, presentado en Barcelona el 14 de octubre de 2025, según Diario de León, propone expulsión automática de quien sea condenado por delitos graves, más tiempo máximo en los centros de internamiento, un visado por puntos y el fin de las regularizaciones «generalizadas y sin control». En este punto la coincidencia con Vox es casi total, y no hace falta pacto. La última regularización extraordinaria, aprobada por real decreto y publicada el 15 de abril de 2026, cerró el 30 de junio con un millón ciento setenta y cuatro mil novecientas setenta y ocho solicitudes, según el Ministerio de Inclusión. Esa ya está hecha. Lo que cabe es no repetirla.

Sobre la delincuencia, el dato de partida es cierto. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2024 la tasa de adultos condenados fue de seis coma dos por cada mil entre los españoles y de quince coma siete entre los extranjeros. Es la sobrerrepresentación que Vox cita. Lo que ese dato no dice por sí solo es cuánto se debe a la nacionalidad y cuánto a la edad, al sexo o a la situación económica. El Instituto publica la cifra, no la explicación. Expulsar a quien ha sido condenado por un delito grave es una medida clara y coherente. Presentarla como remedio para la inseguridad general es otra afirmación, que esa cifra no demuestra.

La prohibición del burka y del niqab merece su párrafo. Los tres pactos la limitan a espacios, edificios y servicios públicos autonómicos. A escala estatal, el 17 de febrero el Congreso rechazó una proposición de Vox por ciento setenta y siete votos contra ciento setenta. Votaron a favor Vox, el Partido Popular y UPN. Junts votó en contra, y su portavoz, Míriam Nogueras, dijo que estaba de acuerdo con el fondo pero prefería un texto propio adaptado a la norma europea. El Partido Popular registró el 27 de febrero su propia proposición de ley orgánica, según Maldita. Aquí no hay un límite europeo claro: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló en 2014 la ley francesa. Con un gobierno de esos dos partidos, esta es probablemente una de las medidas que se aprobarían.

Y queda la remigración. Según la nota de Vox del 5 de octubre, Abascal la defiende para revertir lo que llama una invasión migratoria. El Partido Popular quitó esa referencia de su enmienda en abril. Es la medida más difícil de situar, porque Vox no ha detallado en sus documentos recientes a quién se aplicaría, y las leyes actuales distinguen entre quien está en situación irregular y quien reside legalmente. Mientras no haya un texto, no se puede medir.

Segundo bloque: vivienda y okupación.

En el diagnóstico hay bastante coincidencia: falta oferta y sobra regulación. El pacto de Andalucía incluye el «rechazo frontal» a la Ley doce de 2023 por el derecho a la vivienda, y se compromete a impulsar al menos veinte mil viviendas protegidas con colaboración público-privada. Esa ley es una ley ordinaria. Derogarla o vaciarla exige mayoría simple, y no necesita a nadie más que a los dos partidos.

Sobre la okupación, los tres pactos prevén asesoramiento jurídico a propietarios, apoyo a las víctimas de procedimientos lentos y exclusión de la vivienda pública de los condenados por allanamiento o usurpación en los últimos cinco años. Los desalojos son competencia estatal, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así que un gobierno de coalición podría reformarlos. Según el portal estadístico del Ministerio del Interior, citado por Vozpópuli, en 2024 hubo dieciséis mil cuatrocientos veintiséis hechos conocidos de usurpación y allanamiento, un siete coma cuatro por ciento más que en 2023, y el cuarenta y dos por ciento en Cataluña. La cifra suma usurpación y allanamiento de morada.

Mi lectura aquí. Liberar suelo y acelerar licencias es la parte que más acuerdo técnico tiene, porque actúa sobre la oferta. Los avales y las rebajas del impuesto de transmisiones, que figuran en los pactos y en las propuestas del Partido Popular, son otra cosa. Alivian la entrada de quien compra. Si la oferta no se mueve, parte de esa ayuda puede acabar en el precio. Lo que decidiría si tengo razón es cuántas viviendas se terminan de verdad en los próximos años, no cuántas se anuncian.

Tercer bloque: impuestos, desregulación y sindicatos.

Aquí manda el Partido Popular, y los números lo muestran. Los tres pactos fijan una bajada del IRPF autonómico de un cuarto de punto cada año, hasta un punto en total al final de la legislatura. Es una rebaja gradual. El plan fiscal nacional del Partido Popular, presentado el 9 de marzo de 2026 por Alberto Nadal, propone deflactar el IRPF, subir el mínimo personal de cinco mil quinientos a seis mil ciento cincuenta euros, duplicar los mínimos por hijo y bajar al diez por ciento el IVA de la luz, el gas y los combustibles. El propio Partido Popular lo cifra en unos tres mil doscientos millones de euros.

El plan fiscal de Vox, que defendió en el Congreso el 9 de diciembre de 2025, es de otra escala. Propone IVA cero en alimentos básicos, bajar el tipo general del veintiuno al dieciocho por ciento, un mínimo exento de veintidós mil euros en el IRPF y suprimir los impuestos especiales de luz y gas. Ese texto no incluye cuánto costaría ni cómo se financiaría. Con la misma vara con la que se mide el plan del Partido Popular, que sí da una cifra, esa parte de Vox es la menos concreta. Lo previsible, si se gobierna en coalición, es que el plan del socio mayor marque el tamaño y Vox consiga una parte de la forma.

La desregulación es el terreno donde Vox ya tiene responsabilidad. En Extremadura, Aragón y Andalucía, sus consejeros llevan áreas con ese nombre. Y los pactos de Extremadura, Aragón y Andalucía reducen a la mitad las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales por su participación institucional. Esas dos medidas son, con alta probabilidad, las que llegarían a escala estatal.

Cuarto bloque: energía y campo.

En energía nuclear, la distancia con el Gobierno actual se ha estrechado. La orden ministerial del Gobierno, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 14 de agosto de 2026, prorroga Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, según la prensa que la recoge. El cierre del conjunto del parque nuclear sigue fijado en 2035. Es decir, el propio Gobierno ya ha aplazado el cierre de esa central.

Más distancia hay en los impuestos ambientales. Aragón suprime el impuesto sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera desde 2027. Andalucía se compromete a suprimir los tres tributos propios ambientales: bolsas de plástico, emisión de gases y vertidos a aguas litorales. Extremadura reducirá un treinta por ciento al año la ecotasa de Almaraz, hasta eliminarla. Son decisiones autonómicas que ya están en los pactos.

En política europea, los tres pactos rechazan el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur mientras no garantice igualdad de condiciones a los productores, y piden cláusulas espejo. Eso es una posición, no un poder. El comercio es competencia de la Unión, y España puede votar en el Consejo, pero no vetar sola. Lo mismo vale para el Pacto Verde y para derogarlo.

Mi lectura. En impuestos ambientales, la pregunta no es si recaudan poco, sino qué herramienta sustituye la señal de precio. Lo previsible es una transición más lenta en el campo y en la automoción, con presión en Bruselas, pero no una salida del Acuerdo de París. Eso no figura en ninguno de los tres pactos.

Quinto bloque: memoria, familia y derechos.

En memoria democrática hay una promesa clara y datada. En julio de 2026, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, anunció que su partido derogaría la Ley de Memoria Democrática en el primer Consejo de Ministros, según Demócrata y Qué. Un matiz jurídico: una ley se deroga con otra ley, aprobada en las Cortes. El Consejo de Ministros puede aprobar un proyecto o un decreto-ley, que el Congreso tiene que convalidar. Pero con mayoría simple se puede hacer. Hay un precedente de lo que pasa después. Aragón derogó en 2024 su ley de memoria. El Gobierno central recurrió y el Tribunal Constitucional suspendió la derogación en junio de 2024. No he encontrado una sentencia de fondo posterior.

Y aquí hay un contraste útil. En otras materias, el Partido Popular ha votado con todos los demás grupos contra Vox. El 7 de octubre de 2025, la Comisión Constitucional del Congreso rechazó una proposición no de ley de Vox para derogar las leyes del aborto y de la eutanasia, con el voto en contra de todos los demás grupos, el Partido Popular incluido, según Redacción Médica. En febrero de 2025, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género salió de la comisión con treinta y cuatro votos a favor y tres en contra, los de Vox, según Infocop. Y el 29 de abril de 2026 el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, rechazó una moción de Vox para instar la ilegalización de Bildu. El Partido Popular se abstuvo y solo Vox votó a favor, según The Objective.

No es una lista de lealtades. Es una lista de dónde, hasta ahora, el socio mayor ha puesto el límite. Ese límite puede cambiar si cambian las mayorías, pero es el dato más sólido que hay.

Para cerrar el recorrido, una pregunta que se oye mucho: ¿no es esto lo que ya pasó en otros países? La respuesta honesta es que depende de qué caso se mire, y los dos que he podido comprobar apuntan en direcciones distintas. En Hungría, el partido Tisza de Péter Magyar ganó las elecciones del 12 de abril de 2026 y Viktor Orbán reconoció la derrota esa misma noche, tras dieciséis años en el poder, según la prensa que lo recoge. En Suecia, los Demócratas de Suecia, que apoyaron desde fuera el gobierno entre 2022 y 2026, bajaron en septiembre de un veinte coma cinco a un diecisiete coma cinco por ciento de los votos, según Al Jazeera. Son dos casos. No bastan para una regla, y los contextos, el sistema electoral, el papel de los tribunales, la Unión Europea, son distintos de los de España.

Vamos con la lectura.

Primera idea. Con lo firmado en 2026, lo más probable es que se aplique la versión del Partido Popular de cada medida de Vox. Prioridad nacional como arraigo, prohibición del velo integral en espacios públicos, endurecimiento de las expulsiones, fin de las regularizaciones masivas, reducción de las subvenciones a sindicatos y patronal, desregulación y derogación de la Ley de Memoria. En esas cosas hay texto firmado, o votación a favor, o promesa del propio Partido Popular.

Segunda idea. Lo que tiene menos recorrido es lo que no está en ningún pacto ni en ninguna votación conjunta: la remigración en los términos de Abascal, la derogación del aborto y de la eutanasia, la ilegalización de partidos o un sistema fiscal distinto con los costes de Vox. Y cualquier cosa que toque derechos fundamentales exige mayoría absoluta. Es difícil de pasar si las encuestas se parecen a la de Data10.

Tercera idea. Hay dos preocupaciones y conviene separarlas. Una es si el sistema institucional aguantaría. Las mayorías exigidas, los tribunales y el derecho europeo son un freno real, que ha funcionado con lentitud en el caso de la memoria de Aragón. Otra es qué cambia, mientras tanto, para personas concretas: los inmigrantes con pocos años de arraigo, y quienes dependan de las ayudas que los textos condicionan. Ese cambio no necesita reforma constitucional. Necesita solo lo que ya hay en el Diario Oficial valenciano. Quien lo ve como una corrección razonable y quien lo ve como una exclusión discuten la misma norma con argumentos que ninguna encuesta resuelve.

Cuarta idea, mi posición. Es una opinión y no una recomendación de voto. Creo que lo más relevante no es lo que dice Vox, sino lo que está dispuesto a firmar el socio mayor. Los pactos firmados son un mejor predictor que cualquier programa. Y creo que una parte de lo que se aplicará tiene un riesgo jurídico real, no por ideología, sino por el derecho europeo. Eso, medido con la misma vara, valdría para cualquier gobierno que quisiera condicionar prestaciones al tiempo de residencia.

Qué no se sabe. No se sabe qué programa presentará Vox para estas elecciones, ni cuántos escaños sumarán realmente los dos partidos. El dato que lo aclararía todo es el resultado del 29 de noviembre. El segundo, la primera sentencia sobre una norma de prioridad nacional.

Fuentes